Paola Pabón presenta demanda de inconstitucionalidad contra reglamento sobre descentralización y financiamiento de los gobiernos locales
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, presentó este miércoles una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra el reglamento emitido por el presidente de la República, Daniel Noboa, relacionado con las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Durante declaraciones ofrecidas en los exteriores de la Corte Constitucional, Pabón sostuvo que la normativa vulnera principios de autonomía y descentralización establecidos en la Constitución. Según explicó, el reglamento no se limita a desarrollar aspectos operativos de la ley, sino que incorpora mecanismos que, a su criterio, podrían reducir los recursos asignados a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
La autoridad provincial argumentó que una eventual disminución de recursos tendría repercusiones directas en la planificación y ejecución de obras públicas, así como en la prestación de servicios a la ciudadanía.
Asimismo, señaló que la regulación podría afectar la autonomía financiera de prefecturas, municipios y juntas parroquiales, generando dificultades para cumplir compromisos previamente adquiridos en materia de contratación pública.
Pabón también advirtió sobre posibles efectos en el sector privado, particularmente en las empresas contratistas que ejecutan proyectos financiados por los gobiernos locales. Según indicó, la incertidumbre respecto a la disponibilidad de recursos podría retrasar pagos, afectar cronogramas de ejecución y generar inseguridad jurídica para quienes mantienen contratos vigentes con las administraciones seccionales.
La prefecta aseguró que la acción constitucional busca defender el modelo de descentralización y autonomía establecido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. En ese sentido, solicitó que la Corte Constitucional analice la compatibilidad del reglamento con los principios constitucionales que regulan la distribución de competencias y recursos entre los distintos niveles de gobierno.
Hasta el momento, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado sobre la demanda presentada por la autoridad provincial. Se espera que la Corte Constitucional revise la solicitud y determine si admite a trámite la acción planteada.
El debate se produce en medio de las discusiones sobre la sostenibilidad fiscal del Estado y el financiamiento de los gobiernos autónomos descentralizados, un tema que ha generado posiciones encontradas entre autoridades locales y el Ejecutivo en los últimos meses.
