Reforma al Cootad abre debate entre Ejecutivo y gobiernos locales por control del gasto
La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), impulsada por el presidente Daniel Noboa y aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador con 77 votos el 20 de febrero, generó un debate entre el Ejecutivo y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
La normativa establece sanciones por la falta de ejecución presupuestaria anual y refuerza el cumplimiento de la regla que obliga a destinar el 70 % del presupuesto a inversión y el 30 % a gasto permanente. Tras su aprobación, el proyecto fue remitido al Registro Oficial para su vigencia.
En el programa “Políticamente Correcto” de Ecuavisa, la alcaldesa de Muisne y presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Yuri Colorado, defendió la reforma al señalar que no constituye un castigo, sino un mecanismo para evitar el mal uso de recursos. Indicó que la AME brindará asesoría a los municipios para ajustar sus presupuestos hasta 2028 y cumplir con la disposición legal.
En contraste, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, manifestó que no se opone a la fiscalización, pero cuestionó que durante el debate legislativo no se haya convocado a representantes de las principales ciudades para plantear observaciones. También señaló que la regla debería aplicarse tanto a los GAD como al Gobierno central.
Durante el mismo espacio televisivo, el abogado tributario Napoleón Santamaría respaldó el fortalecimiento de controles. Recordó que los GAD administran alrededor de USD 8 300 millones anuales, suma que incluye asignaciones del Estado y recursos propios. Citó datos de la Contraloría que, según dijo, evidencian observaciones frecuentes en el manejo de fondos públicos en estos niveles de gobierno.
El debate también reavivó cuestionamientos sobre la estructura territorial del país. Ecuador cuenta con 24 provincias, 223 cantones y 1 449 parroquias, cuyos presupuestos dependen en gran parte de transferencias del Gobierno central. En este contexto, se planteó la posibilidad de revisar la organización territorial y promover eventuales fusiones de cantones pequeños, conforme a lo previsto en la Constitución, como una alternativa para optimizar recursos.
