Reorganización judicial: jueces penales de Quito ya no recibirán nuevas acciones constitucionales
El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió que los jueces de las unidades penales y especializadas en corrupción y crimen organizado de Quito dejen de recibir nuevas acciones constitucionales.
La decisión fue adoptada el lunes 28 de septiembre de 2026 y busca que estas dependencias concentren sus funciones en procesos relacionados con delitos de corrupción, crimen organizado y otras materias penales de su competencia.
La medida se aplicará en las dependencias penales de Iñaquito y Mariscal Sucre, el Tribunal Penal de Iñaquito y la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Estas instancias ya no tramitarán nuevas garantías jurisdiccionales, como acciones de protección, hábeas corpus, hábeas data y recursos de acceso a la información pública.
¿Qué pasará con las causas que ya están en trámite?
De acuerdo con la resolución, los procesos constitucionales que actualmente se encuentran bajo conocimiento de estos jueces continuarán siendo atendidos por las mismas dependencias hasta que se emita una resolución definitiva.
Esto significa que la decisión no afecta a las acciones que ya fueron presentadas y que se encuentran en proceso de resolución. Los jueces responsables deberán continuar con su tramitación hasta concluir cada causa.
¿Dónde se presentarán las nuevas acciones constitucionales?
A partir de la modificación, las nuevas garantías jurisdiccionales que se presenten en la provincia de Pichincha serán sorteadas entre dependencias judiciales de otras materias, de acuerdo con la naturaleza de cada caso.
Entre las instancias que podrían recibir estas causas se encuentran las unidades de la jurisdicción Civil, Laboral y de Familia, según corresponda. El objetivo es redistribuir la carga de trabajo y evitar que los jueces especializados en asuntos penales deban asumir nuevos procesos constitucionales.
Concentración de casos de corrupción y crimen organizado
El Consejo de la Judicatura señaló que esta resolución forma parte de una serie de cambios implementados durante 2026 para reorganizar las dependencias judiciales que atienden casos de corrupción y crimen organizado.
La institución ha planteado concentrar estos procesos en unidades especializadas y ampliar el número de jueces habilitados para conocer este tipo de delitos. Con la nueva disposición, los jueces penales de Quito podrán enfocar sus actividades en las causas relacionadas con su especialidad, mientras que las nuevas acciones constitucionales serán distribuidas entre otras dependencias judiciales.
La resolución mantiene la responsabilidad de los jueces actuales sobre los procesos constitucionales que ya están en trámite y establece una nueva distribución para las causas que se presenten a partir de la decisión.
