REPARACIÓN PENDIENTE: herederos de Fernando Villavicencio tienen hasta el 9 de noviembre para reclamar USD 5.000
La Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura convocaron a los familiares del periodista y excandidato presidencial para completar los requisitos de una reparación económica ordenada por la Corte Constitucional.
Los familiares de Fernando Villavicencio deberán presentar la documentación requerida hasta el lunes 9 de noviembre de 2026 para acceder a una reparación económica de USD 5.000 que le correspondía al periodista y excandidato presidencial, según una disposición de la Corte Constitucional.
La convocatoria fue difundida el jueves 15 de octubre por la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con el propósito de completar el trámite que quedó pendiente tras la muerte de Villavicencio, ocurrida el 9 de agosto de 2023.
El pago tiene su origen en una sentencia constitucional relacionada con el incumplimiento de medidas cautelares internacionales que habían sido otorgadas a Villavicencio, al exlegislador Cléver Jiménez y al médico Carlos Figueroa.
¿Qué documentos deben presentar los familiares?
Para acreditar quiénes tienen derecho a recibir el dinero, los herederos deberán entregar dos documentos ante la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura.
Los requisitos establecidos son:
- Copia certificada de la posesión efectiva, documento que permite acreditar quiénes son los herederos legalmente reconocidos.
- Datos de una cuenta bancaria, necesarios para gestionar el pago de la reparación económica.
La documentación deberá presentarse dentro del plazo establecido, que vence el 9 de noviembre de 2026. La acreditación de los derechos sucesorios permitirá a las instituciones verificar quiénes pueden recibir el monto pendiente.
¿Por qué se ordenó el pago de USD 5.000?
El origen de la reparación se remonta a 2014, cuando Fernando Villavicencio, Cléver Jiménez y Carlos Figueroa se refugiaron en Sarayaku, en medio de un conflicto judicial derivado de una denuncia por injurias presentada por el entonces presidente Rafael Correa.
En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los tres ciudadanos. Estas contemplaban acciones que el Estado ecuatoriano debía adoptar para proteger sus derechos, incluida la suspensión de la sentencia por injurias que pesaba sobre ellos, según los antecedentes del caso.
Ante el incumplimiento de esas disposiciones, los afectados acudieron a la Corte Constitucional mediante una acción de incumplimiento.
En 2021, la Corte Constitucional resolvió a favor de los accionantes y dispuso que la Corte Nacional de Justicia ofreciera disculpas públicas y pagara una reparación económica de USD 5.000 a cada beneficiario.
La muerte de Villavicencio dejó pendiente el trámite
Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, durante la campaña electoral, en un ataque armado ocurrido en Quito. Su fallecimiento dejó pendiente la gestión administrativa necesaria para determinar quiénes podían recibir la reparación económica que le había sido reconocida judicialmente.
La convocatoria actual busca completar ese procedimiento mediante la presentación de los documentos sucesorios y la información bancaria correspondiente.
Una reparación distinta al proceso por el asesinato
Las instituciones deben completar el trámite en cumplimiento de la sentencia constitucional. Sin embargo, este procedimiento no forma parte del proceso penal por el asesinato de Villavicencio.
Se trata de dos asuntos judiciales diferentes: la reparación económica responde a una sentencia relacionada con el incumplimiento de medidas cautelares y la protección de derechos; mientras que la causa penal por el asesinato tiene como finalidad investigar el crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.
Por ahora, la fecha clave para los familiares es el 9 de noviembre de 2026, cuando vence el plazo para presentar los documentos requeridos y avanzar en el trámite de pago de los USD 5.000.
