Subsidio al transporte genera debate en Quito: Municipio prevé destinar cerca de USD 20 millones hasta 2026
La propuesta del Municipio de Quito para sostener económicamente el sistema de transporte urbano hasta finales de 2026 ha generado debate político dentro del Concejo Metropolitano, luego de conocerse que la administración municipal contempla destinar cerca de USD 20 millones como mecanismo de compensación para las operadoras de transporte.
La medida se aplicaría mientras entra en vigencia la nueva tarifa del transporte público, prevista para enero de 2027, cuando el pasaje pasaría de USD 0,35 a USD 0,40, según el acuerdo alcanzado entre el Municipio y los transportistas.
De acuerdo con la propuesta, los recursos municipales servirían para mantener la operación del sistema durante el periodo de transición posterior a la eliminación del subsidio estatal al diésel.
Desde el oficialismo municipal se sostiene que la compensación busca evitar que el impacto económico recaiga de manera inmediata sobre los usuarios del transporte público. El concejal Diego Garrido señaló que el objetivo es beneficiar indirectamente a los ciudadanos mediante mecanismos administrativos que permitan sostener el servicio.
Sin embargo, sectores de oposición cuestionan tanto el uso de fondos públicos como la falta de acceso a información técnica y financiera relacionada con la iniciativa. El concejal Michael Aulestia aseguró que aún existen dudas sobre el manejo de los recursos y el alcance real de las compensaciones previstas.
Además, algunos concejales han manifestado preocupación por la rapidez con la que avanzaría el proyecto dentro del Concejo Metropolitano, en medio de un contexto político marcado por tensiones y posiciones divididas.
Por su parte, el alcalde Pabel Muñoz indicó que la propuesta de ordenanza será presentada oficialmente durante esta semana y defendió la necesidad de fortalecer el sistema de transporte urbano mediante mecanismos de control y modernización.
Entre los compromisos anunciados por el Municipio constan mejoras en la calidad del servicio, controles más estrictos a las operadoras, sistemas tecnológicos de recaudo, monitoreo de flotas, capacitación obligatoria para conductores y mayores medidas de seguridad para los usuarios.
Mientras continúa el análisis político y técnico de la propuesta, el debate en Quito se centra no solo en el incremento del pasaje, sino también en el destino de los recursos municipales y la sostenibilidad futura del sistema de transporte público de la capital.
