Bajo investigación: Asamblea fiscalizará contratos de Tonello Soluciones Integrales por más de USD 10 millones
La Asamblea Nacional aprobó, con 85 votos afirmativos, iniciar un proceso de fiscalización a los contratos suscritos entre entidades del sector público y la compañía Tonello Soluciones Integrales Cía. Ltda. La resolución fue aprobada este jueves 5 de noviembre de 2026, durante una sesión del Pleno legislativo.
La investigación estará a cargo de la Comisión de Fiscalización y Control Político y comprenderá el periodo entre 2019 y 2026. El proceso también incluirá a otras personas jurídicas que mantengan o hayan mantenido vínculos societarios, económicos o administrativos con Alexandro Tonello Carrera, exviceprefecto de Pichincha, o con su entorno familiar.
La iniciativa fue presentada por la asambleísta Diana Jácome, quien argumentó que es necesario revisar los procesos de contratación pública y determinar si existieron posibles irregularidades o conflictos de intereses. Durante su intervención, sostuvo que la política no debe convertirse en un mecanismo para obtener beneficios personales.
Los contratos bajo revisiónSegún la exposición de Jácome, Alexandro Tonello, quien ejerció como viceprefecto de Pichincha desde 2019 hasta agosto de 2026, habría mantenido una participación accionaria del 45 % en la compañía Tonello Soluciones Integrales Cía. Ltda.
La legisladora señaló que la empresa habría suscrito más de 300 contratos con municipios y juntas parroquiales de Pichincha, por valores superiores a los USD 10 millones durante los últimos años.
Uno de los aspectos que se busca examinar es un posible conflicto de intereses, debido a que Tonello, mientras ejercía funciones como viceprefecto e integrante del Consejo Provincial, habría tenido acceso a información relacionada con procesos de contratación pública de los gobiernos autónomos descentralizados, mientras la compañía mantenía relaciones contractuales con algunas de estas instituciones
La resolución dispone revisar la documentación relacionada con los contratos celebrados por la empresa con municipios y juntas parroquiales de Pichincha.
Entre los elementos que deberán analizarse constan los montos económicos, los objetos contractuales, los procedimientos de adjudicación y las posibles responsabilidades que pudieran determinarse.
La Comisión de Fiscalización deberá desarrollar este proceso conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La aprobación de esta resolución marca el inicio de un proceso de revisión política y documental. Sin embargo, los señalamientos expuestos durante el debate legislativo deberán ser contrastados con la información contractual y los documentos correspondientes.
El objetivo será establecer si existieron irregularidades en la contratación pública y determinar si hay responsabilidades, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas involucradas.
