¡Bajo la lupa!: Asamblea fiscalizará presuntos cobros indebidos a funcionarios del Municipio de Quito
La Comisión de Transparencia solicitará información al Ministerio de Trabajo y a la Contraloría para elaborar un informe sobre las denuncias.
La Asamblea Nacional aprobó el martes 27 de octubre de 2026 una resolución para fiscalizar los presuntos cobros indebidos a funcionarios del Municipio de Quito. La iniciativa fue presentada por el asambleísta Andrés Castillo, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), y recibió el respaldo de esa organización política y sus aliados. El correísmo votó en contra de la propuesta.
La fiscalización estará a cargo de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, presidida por la asambleísta Diana Jácome, también de ADN. Como parte del proceso, la mesa legislativa solicitará información al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano y a la Contraloría General del Estado.
¿Cómo se desarrollará la fiscalización?
De acuerdo con la resolución aprobada por el Pleno, la comisión recopilará la documentación de las entidades correspondientes y elaborará un informe que posteriormente será puesto en conocimiento de la Asamblea Nacional.
Para cumplir con esta tarea, la comisión también podrá requerir información adicional, convocar a autoridades y servidores públicos, recibir aportes de personas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos e invitar a especialistas en materia laboral, administración pública, control gubernamental y transparencia.
El objetivo de estas diligencias será reunir elementos que permitan examinar las denuncias sobre supuestos cobros a trabajadores municipales.
¿De dónde surge la denuncia?
Los presuntos cobros fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado por Esteban Guarderas, activista político y exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Según Guarderas, las denominadas “vacunas” habrían estado destinadas a financiar una eventual campaña de reelección del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. Esta afirmación forma parte de la denuncia y deberá ser examinada por las autoridades competentes.
Por su parte, el entorno del alcalde considera que la acusación tendría como propósito impedir su participación en las próximas elecciones seccionales. Esta interpretación también corresponde a una postura atribuida a su círculo cercano.
¿Qué sigue en el proceso?
Con la resolución legislativa, la Comisión de Transparencia deberá recopilar la información solicitada, analizar los elementos disponibles y preparar el informe para el Pleno de la Asamblea.
La fiscalización parlamentaria se desarrollará mientras la denuncia presentada ante la Fiscalía constituye otra vía institucional para esclarecer los hechos. Hasta que existan resultados de las investigaciones, los supuestos cobros y su presunto destino deben tratarse como hechos denunciados, no como responsabilidades comprobadas.
