Cabildo capitalino impugnará reformas legales por presunta afectación a su autonomía
El Gobierno Autónomo Descentralizado de Quito acudirá a la Corte Constitucional el 4 de marzo de 2026 para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de las recientes modificaciones al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). El anuncio fue realizado por el alcalde Pabel Muñoz López, quien argumentó que la normativa podría interferir en las atribuciones del Distrito Metropolitano.
De acuerdo con el burgomaestre, los cambios legales tendrían implicaciones en la estabilidad jurídica del Municipio y en su capacidad de organizar y proyectar la gestión pública. En ese contexto, sostuvo que la capital ejerce responsabilidades que no se replican en otros cantones del país o que, en su caso, se ejecutan a una escala mayor.
El alcalde también se refirió a los cuestionamientos sobre el tamaño de la estructura administrativa municipal. Indicó que, si bien es necesario optimizar procedimientos, existen áreas estratégicas que requieren personal técnico y operativo para garantizar la prestación de servicios en una ciudad que bordea los tres millones de habitantes.
Entre las competencias municipales mencionó el sistema educativo propio, que incluye 20 planteles con alrededor de 27.000 alumnos y más de mil docentes. A ello se suman programas de atención complementaria en salud escolar con equipos multidisciplinarios.
En materia social y de cuidado infantil, el cabildo administra cerca de 100 centros Quito Wawas que atienden aproximadamente a 5.000 menores, además de 14 Centros Municipales de Educación Inicial (CEMEI) y tres establecimientos de salud.
Respecto a movilidad, el Municipio gestiona un modelo mixto de transporte que articula operación pública y privada. En este esquema se encuentran el Trolebús, la Ecovía y el Metro de Quito, sistemas que permiten cubrir rutas donde la inversión privada no siempre resulta viable y asegurar la continuidad del servicio ante eventuales conflictos con concesionarios.
La acción constitucional buscará que la Corte evalúe si la reforma se ajusta al marco legal vigente y si respeta el principio de autonomía de los gobiernos locales.
