Caso Laberinto: Defensa de Luisa González cuestiona la prisión preventiva y niega vínculos con presunto lavado de activos

El abogado Diego Guarderas sostiene que no existen pruebas suficientes que relacionen a la excandidata presidencial con las operaciones financieras investigadas por la Fiscalía. También cuestiona la proporcionalidad de la medida cautelar y los argumentos sobre un posible riesgo de fuga.

La defensa de Luisa González cuestionó la prisión preventiva dictada contra la excandidata presidencial dentro del caso Laberinto, en el que la Fiscalía investiga un presunto delito de lavado de activos. El abogado Diego Guarderas aseguró que, a su criterio, el expediente no contiene elementos suficientes para demostrar que su defendida conocía o participaba en las operaciones financieras bajo investigación.

Durante una entrevista en el espacio televisivo Contacto Directo, Guarderas afirmó que la causa comenzó con observaciones relacionadas con el financiamiento de la campaña electoral de 2023, pero posteriormente incorporó una presunta trama de movimientos de dinero vinculada con Ternape, empresa relacionada con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

El defensor sostuvo que la participación de González como candidata presidencial no constituye, por sí sola, evidencia de que haya intervenido en operaciones empresariales presuntamente irregulares.

La defensa cuestiona los indicios financieros

Guarderas señaló que la Fiscalía atribuye USD 725.933 al presunto financiamiento de la campaña mediante Ternape. Sin embargo, aseguró que no ha encontrado en el expediente elementos que vinculen personalmente a González con la estructura financiera interna de esa empresa.

Según explicó, un documento incorporado a la investigación identificaría a la excandidata como destinataria política de las actividades de campaña, pero —de acuerdo con su interpretación— no demostraría que participó en las operaciones empresariales investigadas.

El abogado también mencionó un informe sobre la cuenta utilizada durante la campaña electoral, en el que, según su exposición, constan aportes por USD 204.000 y egresos destinados a actividades proselitistas. A su criterio, esos registros no demostrarían la existencia de fondos ilícitos vinculados directamente con González.

No obstante, estos argumentos corresponden a la versión de la defensa. La determinación del origen de los recursos y de una eventual responsabilidad penal deberá establecerse dentro del proceso judicial, a partir de los elementos presentados por las partes.

Guarderas cuestiona la relación con Ternape

Otro de los puntos planteados por el abogado se refiere a los presuntos vínculos entre el financiamiento electoral y las actividades empresariales investigadas. Guarderas sostuvo que, para atribuir responsabilidad penal a González, tendría que demostrarse que conocía el supuesto origen ilícito de los recursos y que participó conscientemente en su utilización durante la campaña de 2023.

También cuestionó que, según afirmó, no se hayan formulado cargos en la misma causa contra directivos de Ternape, pese al papel que la empresa tendría en la hipótesis fiscal.

El defensor mencionó, además, los casos Goleada y Triple A, relacionados con investigaciones sobre actividades empresariales, y señaló que, según su argumento, no existían sentencias ejecutoriadas en esos procesos. Por ello, cuestionó que esos antecedentes se incorporen a la hipótesis de lavado de activos.

Estas observaciones forman parte de la estrategia de la defensa y no constituyen, por sí mismas, una conclusión judicial sobre la validez de los indicios investigados.

La prisión preventiva, otro punto de controversia

Guarderas calificó de desproporcionada la prisión preventiva impuesta a González y sostuvo que no encuentra justificación suficiente para mantenerla privada de libertad mientras avanza el proceso.

El abogado también rechazó los argumentos relacionados con un posible riesgo de fuga. Según explicó, la excandidata mantiene actividades personales y económicas en Canuto, provincia de Manabí, y alterna su residencia entre esa localidad y Quito.

Para la defensa, esos antecedentes no permiten concluir que González pretendiera abandonar el país. Guarderas cuestionó que sus desplazamientos hacia Manabí pudieran interpretarse como una señal de fuga y afirmó que, incluso si la Fiscalía consideraba necesario formular cargos, su defendida debía afrontar el proceso en libertad.

La prisión preventiva es una medida cautelar cuya procedencia debe evaluarse conforme a los requisitos legales y a las circunstancias específicas del caso. La postura de la defensa deberá contrastarse con los argumentos de la Fiscalía y las decisiones de las autoridades judiciales.

Un caso que sigue bajo investigación

El caso Laberinto se relaciona con presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2023 y con una hipótesis fiscal sobre posibles movimientos de dinero a través de estructuras empresariales.

Mientras la defensa insiste en que no existen elementos suficientes para vincular a González con las operaciones investigadas, corresponde a la Fiscalía sustentar sus acusaciones y a los órganos judiciales evaluar las pruebas y resolver las controversias planteadas.

Hasta que exista una decisión judicial definitiva, las presuntas responsabilidades deben tratarse como tales. La prisión preventiva no equivale a una condena y no determina, por sí sola, la culpabilidad de la excandidata presidencial.