Condena de 34 años: hombre es sentenciado por robo y muerte de conductor en Quito
Luis Alberto C. L. fue sentenciado a 34 años y ocho meses de privación de libertad como autor directo del delito de robo con resultado de muerte, informó la Fiscalía General del Estado.
La sentencia fue emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito, en Quito, luego de una audiencia de juzgamiento en la que la Fiscalía presentó las pruebas que sustentaron su acusación.
El caso se relaciona con la muerte de un joven de 21 años, quien trabajaba como conductor mediante plataformas digitales. Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre de 2025.
El crimen ocurrió en Calderón
Según la Fiscalía, el joven fue encontrado sin vida en un terreno baldío ubicado en la parroquia Calderón, al norte de Quito. El cuerpo presentaba heridas provocadas por un proyectil de arma de fuego.
La investigación estableció que el vehículo que conducía la víctima fue localizado posteriormente en Pomasqui, en poder de Luis Alberto C. L. También se encontró el teléfono celular del joven.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó diferentes elementos probatorios, entre ellos informes de análisis telefónico, reconocimientos de evidencias y escenas, pericias balísticas y médico-legales, además de un informe de genética forense.
Este último análisis determinó que las manchas encontradas en la ropa del ahora sentenciado correspondían a una mezcla de perfiles genéticos, entre ellos el de la víctima.
Con base en los elementos presentados durante el proceso, el Tribunal consideró probada la participación de Luis Alberto C. L. en el delito de robo con resultado de muerte y emitió la condena correspondiente.
También deberá pagar una multa y reparar a la familia
Además de los 34 años y ocho meses de prisión, el Tribunal dispuso el pago de una multa equivalente a 1.000 salarios básicos unificados.
Como parte de las medidas de reparación integral, la sentencia contempla el reconocimiento de la verdad histórica de los hechos y una indemnización de USD 10.000 para la familia de la víctima.
El Tribunal también ordenó que la madre del joven, reconocida dentro del proceso como víctima secundaria, reciba tratamiento psicológico a través del Ministerio de Salud.
La sentencia corresponde a la decisión adoptada por el Tribunal tras la audiencia de juzgamiento y establece las responsabilidades penales y medidas de reparación señaladas en el fallo.
