Contraloría detecta responsabilidad penal, civil y administrativa en compra de trolebuses eléctricos en Quito
La Contraloría General del Estado identificó presuntas responsabilidades penales, civiles y administrativas en el proceso de adquisición de trolebuses eléctricos realizado por la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ). Así lo informó el organismo de control en un comunicado, en el que además señaló que el caso será remitido a la Fiscalía para el trámite pertinente.
El examen especial abarcó el período comprendido entre el 1 de agosto de 2022 y el 30 de abril de 2025, y revisó también el acuerdo firmado con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), entidad que participó en la adquisición de las unidades.
Como resultado, la Contraloría determinó glosas por USD 2.552.307,83 y multas administrativas por USD 79.970,00. Entre los principales hallazgos identificados se encuentran:
- El gerente de la EPMTPQ invitó a la UNOPS sin una coordinación previa y sin considerar lo establecido en el proyecto de inversión, basándose únicamente en un memorando de entendimiento suscrito por el alcalde de Quito.
- La compra de los trolebuses no se efectuó mediante subasta inversa, pese a tratarse de bienes normalizados según la normativa de contratación pública.
- El Directorio de la empresa no solicitó informes ni aclaraciones al Gerente General sobre el proceso, a pesar de conocer que la UNOPS estaba a cargo de la adquisición. Tampoco realizó el seguimiento correspondiente al Plan Operativo Anual.
- Las mesas técnicas desarrolladas entre la EPMTPQ y la UNOPS no contaron con documentación de respaldo sobre los costos de implementación ni las condiciones económicas acordadas.
El informe también señala que los trolebuses entregados no cumplieron 15 de las 80 especificaciones técnicas establecidas en el contrato, debido a la falta de control y análisis por parte del Gerente Técnico, el Coordinador de Mantenimiento y los especialistas encargados.
Estas omisiones tampoco fueron advertidas por los gerentes de las áreas Técnica, Administrativa-Financiera, Operaciones y Tecnologías de la Información, ni por la Coordinadora de Comunicación, quienes integraron la comisión de entrega recepción. Según la Contraloría, esta falta de supervisión provocó que los vehículos eléctricos no garanticen plenamente la seguridad física de los usuarios.
