Fiscalía expone presunto esquema de comercialización irregular de diésel en audiencia del Caso Goleada
A casi dos semanas de la detención de Aquiles Álvarez y otros implicados en el denominado Caso Goleada, la Función Judicial publicó el acta que recoge las más de 13 horas de audiencia en la que se formularon cargos.
Durante la diligencia, el fiscal de la Unidad de Transparencia, Dennis Villavicencio, sostuvo que los hermanos Aquiles, Antonio y Xavier Álvarez habrían operado, desde 2020, a través de empresas vinculadas a la comercialización de combustibles, bajo una estructura que —según la acusación— manejaba recursos de origen ilícito.
De acuerdo con la exposición fiscal, la empresa Terminal Naviero Petrolero (Ternape) adquiría diésel subsidiado al Estado con la obligación de venderlo a navieras nacionales; sin embargo, presuntamente lo habría comercializado a embarcaciones internacionales a precio de mercado.
La investigación también señala que Ternape mantenía una deuda con Flota Naviera Petrolera (Flonape Overseas), firma registrada en Panamá y vinculada a los mismos accionistas. Según la Fiscalía, esta empresa carecería de actividad real y habría servido para registrar como obligaciones financieras los fondos cuestionados.
En la audiencia se expuso que, ante una deuda aproximada de USD 2,7 millones que impedía acceder a créditos, la compañía fue transferida a los propietarios de la empresa acreedora. Posteriormente, se habría decidido capitalizar los valores en lugar de cobrarlos, mecanismo que, según la hipótesis fiscal, permitió regularizar los recursos.
La indagación incluye a otras ocho personas procesadas, quienes habrían gestionado la colocación del combustible a embarcaciones extranjeras. El perjuicio económico al Estado fue estimado por la Fiscalía en alrededor de USD 100 millones.
El acta publicada no detalla todos los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público. Estos fueron considerados por el juez anticorrupción Jairo García al momento de dictar prisión preventiva contra los implicados.
El caso se originó tras la colaboración de uno de los procesados en otra causa penal, quien habría aportado información sobre el presunto funcionamiento de la red investigada.
