Gobierno presenta plan de seguridad para 2026 con énfasis en equipamiento militar, tecnología y control financiero
El Gobierno nacional dio a conocer su estrategia de seguridad para 2026 durante una cadena nacional encabezada por el presidente Daniel Noboa, junto a autoridades de Defensa, Interior y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El plan plantea una acción integral basada en tres ejes: fortalecimiento del equipamiento militar, uso de tecnología para vigilancia y control territorial, y seguimiento de flujos económicos vinculados a estructuras criminales.
Uno de los principales anuncios fue la inversión de USD 180 millones destinada a once proyectos de adquisición y modernización para las Fuerzas Armadas. Entre los recursos previstos constan siete helicópteros bimotor, un buque logístico multipropósito, sistemas de radar tridimensional, drones y escáneres para el control fronterizo, así como la actualización de plataformas de inteligencia orientadas a la protección de infraestructura estratégica.
Desde el Ministerio de Defensa se informó que estas capacidades serán empleadas, entre otros objetivos, en operativos contra la minería ilegal y en el control de zonas consideradas de alta conflictividad.
En el ámbito penitenciario, el Ejecutivo proyecta la construcción de un nuevo centro de privación de libertad con capacidad para 15.000 personas privadas de libertad. Según las estimaciones oficiales, la infraestructura podría estar concluida en un plazo de entre 15 y 18 meses.
A esto se suma una inversión inicial de USD 50 millones para la modernización del sistema ECU 911, con el propósito de optimizar su plataforma tecnológica y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias. El Ministerio del Interior también anunció la incorporación de herramientas forenses para el rastreo de armas y huellas, además de nuevos mecanismos de control migratorio que permitirán acceder a información de pasajeros antes de su ingreso al país.
En materia financiera, la UAFE señaló que reforzará el monitoreo de operaciones sospechosas relacionadas con el crimen organizado. Su director indicó que, con apoyo internacional, se han identificado movimientos de capital presuntamente vinculados a administraciones públicas y actores políticos, aunque no se proporcionaron detalles específicos.
El Gobierno sostiene que la estrategia busca debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos mediante el control territorial, la inteligencia y la persecución de sus fuentes de financiamiento, en un contexto marcado por el incremento de la violencia y los altos índices de homicidios registrados en 2025.
