¡Golpe a la corrupción! Investigan presunta red de venta de puestos en el Ministerio de Educación por hasta USD 5.000
El Ministerio del Interior y la Policía Nacional intervinieron la sede principal del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura y dos inmuebles privados en Quito. Un funcionario fue detenido y otros dos colaboradores fueron trasladados para rendir versión y permitir la extracción de información de sus dispositivos móviles. Las investigaciones apuntan a posibles cobros ilegales por nombramientos y movimientos financieros que bordearían el millón de dólares.
Operativo por presunta corrupción institucional
La tarde del martes 13 de octubre de 2026, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional ejecutaron un operativo en la sede principal del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, en Quito. La intervención también se extendió a dos inmuebles privados, como parte de una investigación por presuntos actos de corrupción dentro de la institución.
El procedimiento estuvo liderado por el ministro del Interior, John Reimberg, en coordinación con la ministra de Educación, Gilda Alcívar. Las autoridades informaron sobre la detención de un funcionario y la retención de otros dos colaboradores para realizar diligencias investigativas relacionadas con sus dispositivos móviles.
El caso se investiga por el presunto delito de concusión, relacionado con la posible exigencia de pagos indebidos aprovechando una función pública.
Presuntos cobros de hasta USD 5.000 por puestos de trabajo
De acuerdo con la información proporcionada por el ministro Reimberg, las investigaciones preliminares apuntan a una presunta estructura dedicada a cobrar dinero a cambio de plazas laborales en colegios y otras instituciones educativas del país.
Los valores exigidos habrían oscilado entre USD 1.500 y USD 5.000, dependiendo del puesto que supuestamente se ofrecía. Estas transacciones formarían parte de un esquema que habría utilizado la posibilidad de acceder a nombramientos o empleos dentro del sistema educativo para obtener beneficios económicos ilegales.
El principal sospechoso fue identificado como Ayala R., quien se desempeñaba en el área de mantenimiento del Ministerio de Educación. Su presunta participación es materia de investigación y deberá determinarse dentro del proceso correspondiente.
Movimientos financieros bajo investigación
Otro elemento que llamó la atención de los organismos de control fueron los movimientos bancarios y los ingresos que no tendrían una justificación aparente y que, según la información preliminar, bordearían el millón de dólares.
Estos registros habrían motivado alertas y diligencias para establecer el origen de los recursos, así como su posible relación con la presunta venta de puestos de trabajo.
Sin embargo, el monto señalado corresponde a movimientos e ingresos que están bajo análisis y no constituye, por sí solo, una confirmación de que todo ese dinero provenga de actividades ilícitas.
Dos colaboradores fueron trasladados para rendir versión
Además del funcionario detenido, otros dos trabajadores de la cartera de Estado fueron trasladados para rendir versión ante las autoridades. Según Reimberg, uno de ellos sería chofer de la institución y el otro trabajaría en el área de servicios generales.
El ministro explicó que ambos también estarían presuntamente vinculados con la estructura investigada, aunque aclaró que la Fiscalía deberá determinar si existen elementos suficientes para formular cargos en su contra.
La extracción de información de sus teléfonos móviles forma parte de las diligencias destinadas a recopilar indicios y esclarecer cómo habría operado el esquema.
Ministra señala que la presunta red habría operado durante años
Por su parte, la ministra de Educación, Gilda Alcívar, indicó que la institución ya había identificado alertas relacionadas con este posible esquema de corrupción.
Según su versión, la estructura habría operado durante varios años y tendría ramificaciones en distintas provincias del país. Esta línea de investigación busca establecer si los presuntos cobros se limitaron a la sede principal del Ministerio o si también involucraron a otras dependencias y establecimientos educativos.
Las autoridades deberán determinar quiénes habrían participado, cómo se realizaban los supuestos cobros y si existían mecanismos organizados para ofrecer plazas laborales a cambio de dinero.
Fiscalía deberá determinar las responsabilidades
El operativo marca el inicio de una fase de investigación en la que las autoridades buscarán reunir elementos sobre los presuntos cobros, los movimientos financieros y la posible participación de funcionarios públicos.
La Fiscalía será la encargada de evaluar los indicios recopilados y decidir si corresponde formular cargos contra las personas investigadas. Hasta que se establezcan responsabilidades mediante los procedimientos judiciales, se mantiene la presunción de inocencia de los involucrados.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio los mecanismos de contratación y asignación de puestos en el sistema educativo ecuatoriano, mientras las autoridades intentan establecer el alcance de la presunta red y determinar si hubo más personas involucradas.
