¡Golpe en Vinces!: Alcalde y otras 15 personas detenidas en investigación por presunto lavado de activos
La Fiscalía y la Policía ejecutaron 20 allanamientos en Los Ríos, Azuay y Guayas. Las autoridades incautaron documentos, equipos electrónicos, armas, vehículos y dinero en efectivo, mientras investigan movimientos financieros que alcanzarían los USD 3,22 millones.
Un operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional derivó en la detención del alcalde de Vinces, Juan Alfonso Montalván Cerezo, y otras 15 personas, en el marco de una investigación por el presunto delito de lavado de activos.
Las intervenciones se realizaron durante la madrugada del miércoles 28 de octubre de 2026 en las provincias de Los Ríos, Azuay y Guayas. Según la información difundida por las autoridades, las diligencias incluyeron 20 allanamientos en domicilios, establecimientos privados y dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Vinces.
De acuerdo con las investigaciones, Montalván es señalado como el supuesto cabecilla de una estructura que habría utilizado una empresa para canalizar dinero de presunto origen ilícito. Estas acusaciones deberán ser examinadas dentro del proceso judicial.
¿Qué encontraron durante los allanamientos?
La Fiscalía informó que, durante las intervenciones, los agentes recopilaron indicios que serán analizados como parte de la investigación. Entre los elementos incautados constan:
- Documentación física y digital obtenida en oficinas municipales y domicilios.
- Equipos electrónicos y computadoras.
- Dos armas de fuego.
- Seis vehículos.
- Dinero en efectivo, cuyo monto total aún no había sido cuantificado en el balance difundido.
Los investigadores deberán examinar estos elementos para determinar su posible relación con las operaciones financieras bajo sospecha y establecer las responsabilidades que correspondan.
¿Cómo habría operado la estructura investigada?
Según la información atribuida al Ministerio del Interior y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la estructura investigada habría utilizado a la empresa Constructora Aldrensa S.A. como presunta fachada para canalizar y bancarizar recursos de origen ilícito.
Las autoridades reportaron que, entre 2019 y 2026, se registraron movimientos financieros por aproximadamente USD 3,22 millones en el sistema bancario nacional.
Las investigaciones también apuntan a un posible incremento patrimonial mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles que estarían a nombre del alcalde, familiares y personas de su entorno.
El monto de los movimientos financieros, por sí solo, no determina la existencia de un delito. La investigación deberá establecer el origen de los recursos, el propósito de las transacciones y la eventual participación de cada uno de los involucrados.
Presuntos vínculos con otras investigaciones
Otro componente del caso corresponde a las posibles conexiones financieras con personas investigadas o procesadas por delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y delincuencia organizada.
De acuerdo con la información difundida, las autoridades examinan presuntos nexos con expedientes conocidos como Metástasis, Narcofiesta y Gran Fénix Cantabria. También investigan posibles vínculos con las organizaciones delictivas Los Choneros y Los Lobos.
Estas referencias forman parte de las líneas investigativas reportadas y no constituyen, por sí mismas, una prueba definitiva de responsabilidad penal de las personas detenidas.
¿Qué pasará con los detenidos?
Al concluir las diligencias, la Fiscalía informó que las 16 personas fueron aprehendidas en el marco del operativo. De ese grupo, cuatro habrían sido objeto de órdenes con fines investigativos, mientras que para las otras 12 se preveía una audiencia de formulación de cargos por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
En esa audiencia, la Fiscalía expondrá los elementos que sustentarían su acusación y solicitará las medidas que considere pertinentes. Corresponderá a la autoridad judicial resolver conforme a la ley.
La detención no equivale a una declaración de culpabilidad. La responsabilidad de cada persona deberá establecerse mediante el proceso judicial, con respeto al derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.
El caso mantiene bajo investigación la administración municipal de Vinces y una presunta red de operaciones financieras. Las próximas diligencias judiciales permitirán conocer qué cargos se formulan y qué decisiones adopta la autoridad competente.
