Noboa decreta nuevo estado de excepción en diez provincias y tres cantones por grave conmoción interna
El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó este martes 16 de junio de 2026 el Decreto Ejecutivo 423, mediante el cual declaró un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en varias zonas del país. La medida tendrá una vigencia de 60 días y busca fortalecer las acciones de seguridad frente a las amenazas del crimen organizado.
El estado de excepción regirá en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. Además, se aplicará en los cantones La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.
Una de las principales novedades del decreto es la incorporación de la provincia de Azuay al listado de territorios bajo esta medida extraordinaria, ampliando así el alcance geográfico de las disposiciones de seguridad.
Entre las acciones contempladas se encuentra la suspensión temporal de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Esto permitirá que las fuerzas del orden ejecuten allanamientos inmediatos y recopilen información considerada necesaria para prevenir, investigar y neutralizar actividades vinculadas al crimen organizado y otras amenazas contra la seguridad pública.
El decreto establece que estas medidas buscan facilitar las operaciones de inteligencia y control en los sectores identificados como prioritarios por las autoridades.
Sin embargo, a diferencia de anteriores estados de excepción, el nuevo decreto no contempla la aplicación de un toque de queda. Esto significa que, por el momento, no existirán restricciones a la libre circulación de personas durante horarios específicos. No obstante, el Ejecutivo mantiene la facultad de incorporar esta medida posteriormente mediante una reforma al decreto o a través de una nueva disposición presidencial.
La decisión del Gobierno se produce pocos días después de que concluyera el anterior estado de excepción, que finalizó el pasado 1 de junio. La nueva declaratoria también contrasta con declaraciones previas del ministro del Interior, John Reimberg, quien había señalado que el Ejecutivo trabajaría en nuevas estrategias de seguridad sin recurrir nuevamente a esta figura constitucional.
Con la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo 423, las autoridades de seguridad deberán coordinar las acciones operativas en los territorios incluidos, mientras el Gobierno sostiene que la medida es necesaria para enfrentar la violencia y fortalecer la lucha contra las estructuras criminales que operan en distintas regiones del país.
