Tribunal Electoral niega autenticidad de fallo difundido en redes sobre la RC
La organización política Revolución Ciudadana (RC) fue mencionada en redes sociales por dirigentes y simpatizantes del correísmo ante una presunta decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que implicaría su salida del registro de organizaciones políticas. De concretarse una medida de ese tipo, el movimiento quedaría impedido de participar en procesos electorales, incluidos los comicios seccionales previstos para 2027.
La alerta se difundió a partir de la circulación de un documento que fue presentado como una supuesta sentencia del TCE. En ese contenido se hablaba, además, de la suspensión de los derechos políticos de Luisa González y Andrés Arauz, binomio presidencial de la RC en las elecciones anticipadas de 2023. El mensaje fue replicado por figuras como la asambleísta Noemí Cabrera, el legislador Roque Ordóñez y el expresidente Rafael Correa.
No obstante, el departamento de comunicación del Tribunal Contencioso Electoral negó la autenticidad del documento y aseguró que no corresponde a ninguna resolución oficial del organismo.
En la misma línea, la abogada especializada en derecho electoral, Mónica Jaramillo, señaló que el formato del texto difundido presenta inconsistencias, entre ellas el uso de una tipografía distinta a la que emplea el juez de la causa en sus providencias. A su criterio, el contenido habría sido modificado y difundido con un enfoque político.
Consultadas por Ecuavisa, las asambleístas Viviana Veloz y Noemí Cabrera indicaron no contar con información adicional. Veloz manifestó que solo conocía lo que se ha divulgado en plataformas digitales, mientras que Cabrera no emitió declaraciones hasta el cierre de la nota.
Luisa González y Andrés Arauz enfrentan un proceso ante el TCE por un presunto incumplimiento en la presentación del informe de gastos de campaña de la Revolución Ciudadana en 2023. La audiencia de pruebas y alegatos está prevista para el 18 de febrero, ante el juez Guillermo Ortega. La decisión que se adopte en esa instancia será de carácter preliminar y no implicará una resolución definitiva.
De manera paralela, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación previa por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, relacionada con el denominado caso Caja Chica.
