Traslado de Aquiles Álvarez a cárcel de máxima seguridad intensifica confrontación política entre el Gobierno y el correísmo
El traslado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a la prisión de máxima seguridad conocida como Cárcel del Encuentro ha generado un nuevo episodio de tensión política entre el Gobierno nacional y el movimiento opositor Revolución Ciudadana.
La medida se produjo luego de que el alcalde sumara una segunda orden de prisión preventiva dentro del proceso judicial denominado Caso Triple A. La decisión provocó reacciones inmediatas por parte del bloque político del correísmo y de concejales del Municipio de Guayaquil, quienes cuestionaron la legalidad y proporcionalidad del traslado.
Un grupo de doce concejales de la ciudad firmó un pronunciamiento público en el que rechazan lo que consideran una “criminalización” de una autoridad elegida por voto popular. En el documento, los ediles señalan que enviar a un alcalde en funciones a un centro penitenciario destinado para personas consideradas de alta peligrosidad, sin una sentencia en firme, constituye una medida que afecta no solo al funcionario, sino también a la institucionalidad municipal.
Por su parte, el movimiento Revolución Ciudadana emitió un comunicado en el que denuncia que el alcalde se encuentra “virtualmente secuestrado” por el gobierno del presidente Daniel Noboa. Según la organización política, el traslado a la cárcel ubicada en la provincia de Santa Elena carecería de justificación jurídica y respondería a motivaciones políticas.#CeroLatitudEc
Desde la defensa del alcalde también se indicó que la decisión de trasladarlo estaría relacionada con un informe reservado que advertiría sobre un supuesto plan para atentar contra su vida, lo que habría motivado su traslado hacia un centro de mayor seguridad.
Mientras tanto, el presidente Noboa abordó el tema durante una entrevista radial este lunes. En sus declaraciones, sostuvo que Álvarez estará más seguro en la Cárcel del Encuentro y rechazó los señalamientos de persecución política.
El mandatario también afirmó que, tras la detención del alcalde, se ha registrado una reducción en delitos como muertes violentas, extorsiones y robos en Guayaquil y en la llamada Zona 8. Según Noboa, el incremento de controles y vigilancia habría limitado posibles irregularidades relacionadas con sistemas de seguridad y cámaras de monitoreo.
Asimismo, el presidente defendió que las acciones judiciales forman parte de una lucha contra el crimen organizado y no de una disputa política. En sus declaraciones, mencionó presuntas irregularidades vinculadas al manejo de cámaras de seguridad y a la distribución ilegal de diésel subsidiado, hechos que, según afirmó, están siendo investigados.
El traslado del alcalde se produce en medio de un escenario político polarizado y mientras continúan las diligencias judiciales relacionadas con los procesos que enfrenta. Entretanto, distintos sectores políticos y ciudadanos siguen atentos al desarrollo del caso y a las decisiones que adopten las autoridades judiciales en las próximas semanas.
