Recomiendan enjuiciar a Lasso por delitos contra la seguridad del Estado
Viviana Veloz, de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES); Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano (PSC); Diego Esparza del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE); Rodrigo Fajardo, de la Izquierda Democrática (ID), Mireya Pazmiño, de Pachakutik (PK) y, Augusto Guamán (independiente), recomendaron al Pleno de la Asamblea Nacional, este 1 de marzo de 2023, iniciar un juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso.
En medio del debate de la comisión ocasional de este 1 de marzo de 2023 se eliminó la causal de traición a la Patria.
Los representantes de estas agrupaciones políticas en la comisión ocasional que investigó la trama ‘El gran padrino’, argumentaron como causales de interpelación al jefe de Estado el cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado estipulado en el numeral 1 del artículo 129 de la Constitución, y además contra la administración pública.
“El gran padrino” gira alrededor de una denuncia del medio digital La Posta sobre una presunta red corrupción en las empresas públicas ligadas al sector eléctrico y que estaría encabezada por Danilo Carrera, cuñado del jefe del Estado.
Basados en esas motivaciones, los asambleístas dicen que Lasso interfirió en el proceso investigativo que desarrollaba la Fiscalía al permitir que, desde el Ministerio del Interior, se facilite el traslado de 37 agentes policiales – investigadores que coordinaban acciones con la Fiscalía.
“El Presidente omitió su deber de denunciar, lo cual constituye un delito. Presionar para que se cierren las investigaciones policiales y la posible injerencia en el archivo de la causa ante los órganos judiciales competentes violentó el artículo 147.1 de la Constitución que ordena al primer mandatario el deber primordial de respetar y hacer respetar la Constitución y la ley”.
La comisión también concluyó que existió “un contubernio” para ocultar la verdad de los acontecimientos, bloquear la investigación parlamentaria y garantizar la impunidad de los posibles responsables.
¿Y la traición a la Patria?
En el informe borrador que elaboró durante 42 días esta mesa legislativa, se señaló como causal para el juicio el presunto cometimiento del delito de “traición a la Patria”.
Sin embargo, en la última sesión de la comisión de este 1 de marzo, Pedro Zapata (PSC) planteó eliminar del informe esta figura que se sustentaba en la tesis de que Lasso, al supuestamente ocultar el informe que vinculada a Rubén Cherres, con la presunta “mafia albanesa” que tendría conexión con redes de narcotráfico cometió el delito de traición a la patria.
La moción planteada por el PSC proponía eliminar estos textos, pero dejar en firme la acusación de delitos en contra de la seguridad interna del Estado. La propuesta del PSC logró cinco votos a favor, por lo que quedó fuera de propuesta.
Viacrucis político
El presidente Lasso está en medio de un viacrucis político y debe sortear obstáculos en al menos cinco frentes.
Leonardo Cortázar es la fuente de los audios difundidos por el medio digital La Posta en los que se detalla una presunta red de corrupción en las empresas públicas, que involucra directamente a su cuñado Danilo Carrera. El caso fue denominado ‘El Gran Padrino’ y después bautizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como ‘Caso Encuentro’.
Con la decisión que tomó este miércoles la comisión ocasional de la Asamblea, y si el Pleno del Parlamento acoge la recomendación de iniciarle un juicio, uno o varios asambleístas podrían iniciar la recolección de firmas (46 necesarias) para dar paso a la interpelación que, previamente deberá contar con un informe de admisibilidad que emitan los jueces de la Corte Constitucional (CC).
‘Lasso no va a renunciar’
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, se refirió al pronunciamiento de la Conaie, que en el consejo ampliado del 24 de febrero le pidió a Lasso que renuncie al cargo. El funcionario dijo que «cualquier persona le puede pedir que renuncie, pero el presidente no va a renunciar; a ellos (Conaie) les gusta ir a la pelea, pero que el rival esté amarrado», expresó.
Corte debe revisar requisitos de forma y de fondo
Una vez que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, remita a la Corte Constitucional el expediente con las argumentaciones de juicio político para que se emita un dictamen de admisibilidad, los jueces se reunirán en una sesión de Pleno, y el expediente se sorteará a un juez ponente.
En un plazo de tres días, el magistrado deberá revisar el expediente para verificar que se cumplan los requisitos de forma y fondo de la solicitud y, a su vez, emitir un proyecto que será conocido por el Pleno.
Esteban Ron, constitucionalista y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, explicó que el procedimiento está determinado en los artículos 148 y 149 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.
El juez ponente deberá verificar si la solicitud ha seguido el trámite previsto en el artículo 129 de la Constitución y en el 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL); entre ellos que se reúnan las firmas que respalden el juicio.
También deberá verificar si en el pedido de juicio se singulariza efectivamente la infracción, es decir, si en el expediente se llega a la conclusión de que el Presidente de la República, presuntamente, ha cometido las infracciones que se le imputan. Además, debe verificarse si los delitos que se le imputan al mandatario forman o no parte del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y como consecuencia de ellos iniciar o no el juicio.
Luego de culminados los tres días para que el juez ponente verifique los requisitos, el Pleno de la CC debe convocarse en un plazo de 24 horas, y emitir su dictamen en 48 horas. Finalmente, el pronunciamiento de la CC debe ser remitido a la Asamblea Nacional.
“Este informe solo responde a un sesgo que busca construir una fábula porque, al final del día, investigación no hay».
Juan Fernando Flores, legislador oficialista
FUENTE: LA HORA ECUADOR
