Caso Progen: Fiscalía procesa a 21 personas por presunto peculado en contratos eléctricos bajo investigación
La Fiscalía General del Estado desarrolló la audiencia de formulación de cargos dentro del denominado caso Progen, también identificado por la entidad investigadora como caso Apagón, proceso que analiza presuntas irregularidades en contratos suscritos durante la crisis energética en Ecuador.
La investigación involucra a 21 personas señaladas por el presunto delito de peculado relacionado con contratos adjudicados a la empresa estadounidense Progen para la instalación de generación termoeléctrica en Quevedo y Salitral.
Entre los procesados constan el exministro de Energía, Antonio Goncalves; el exgerente subrogante de Celec, Fabián Calero; funcionarios técnicos del sector eléctrico y representantes vinculados a la empresa contratista.
Según la Fiscalía, existirían posibles omisiones e incumplimientos en procesos precontractuales, contractuales y de ejecución, lo que habría permitido adjudicar contratos a una compañía que posteriormente no habría cumplido con los términos establecidos.
De acuerdo con la investigación, Progen debía incorporar 150 megavatios de generación térmica durante la emergencia energética; sin embargo, los proyectos no llegaron a operar según lo previsto.
La Contraloría General del Estado estableció un posible perjuicio económico superior a los 100 millones de dólares, correspondiente principalmente a anticipos entregados para los contratos.
Durante la audiencia, la Fiscalía también expuso que uno de los técnicos vinculados al proceso habría recibido amenazas relacionadas con el manejo de los contratos investigados.
Por su parte, varios de los señalados rechazaron las acusaciones y solicitaron que se profundice el seguimiento de los recursos económicos para identificar eventuales responsabilidades.
Las defensas presentaron pedidos de diferimiento y observaciones procesales, mientras el juez a cargo negó la suspensión de la diligencia y permitió que la audiencia continúe.
La investigación permanece en etapa judicial y será la autoridad competente la encargada de determinar responsabilidades dentro de este caso que gira alrededor de uno de los procesos energéticos más cuestionados durante la crisis eléctrica nacional.
