Municipio detecta alto incumplimiento de operadoras de transporte en Quito tras controles
La Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito realizó operativos de control el lunes 5 de mayo de 2026 en las terminales de Quitumbe, El Labrador y La Ofelia, con el objetivo de verificar el funcionamiento del transporte público en la ciudad.
Durante las inspecciones, las autoridades evidenciaron un alto nivel de incumplimiento por parte de las operadoras de transporte convencional. De un total de 64 operadoras evaluadas, únicamente siete mantuvieron su servicio activo, mientras que 57 no registraron operación efectiva en los puntos de control.
Ante estos resultados, el alcalde Pabel Muñoz anunció el inicio de procesos administrativos sancionatorios contra las cooperativas que no cumplieron con la prestación del servicio. Las multas, de acuerdo con la normativa vigente, podrían alcanzar hasta ocho Remuneraciones Básicas Unificadas.
Los controles se desarrollaron desde las 05:30 en diferentes paradas, terminales y zonas de despacho. Según informó la Secretaría de Movilidad, tampoco se evidenció la presencia de unidades alimentadoras durante los recorridos realizados en distintos sectores de la capital.
Como parte del proceso, se elaborarán informes técnicos y jurídicos que servirán de base para notificar a las operadoras involucradas, quienes deberán presentar sus descargos antes de que se determinen posibles sanciones.
Pese a la reducción del servicio convencional, el sistema municipal de transporte, que incluye el Metro de Quito, el Trolebús y la Ecovía, continuó operando con normalidad dentro de los horarios establecidos por el toque de queda. Además, el Municipio dispuso el incremento de su capacidad operativa para atender la demanda de usuarios.
En paralelo, se suspendió temporalmente la medida de Pico y Placa, mientras las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación del transporte en la ciudad.
El Municipio reiteró que el transporte público es un servicio esencial y advirtió que no puede ser interrumpido de forma unilateral por las operadoras, debido al impacto que genera en la ciudadanía.
