Prisión preventiva para cuatro procesados por el robo a mano armada de un vehículo en el sur de Quito
La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra cuatro personas presuntamente implicadas en el robo a mano armada de un vehículo en el sur de la ciudad, ocurrido el pasado 15 de septiembre.
La intervención policial permitió la captura de los sospechosos tras rastrear la ubicación de los objetos sustraídos mediante la señal GPS de un reloj inteligente.
El operativo y la localización
La alerta se activó luego de que la víctima denunciara que cuatro personas la intimidaron con armas de fuego y un arma blanca para despojarla de su automotor y pertenencias personales.
Gracias a la señal del GPS de un reloj inteligente que también fue robado, los agentes de la Policía Nacional ubicaron el vehículo en el parqueadero de un inmueble en el sector de La Mena. En el sitio se interceptó a los cuatro procesados y se hallaron diversas evidencias:
Los procesados fueron identificados como Shirley Damarys R. S., Katherine De Los Angeles S. T., Henry David C. P. y Josué Lenin A. R.
- La llave del vehículo reportado y el reloj inteligente de la víctima.
- Un teléfono celular perteneciente al denunciante y tres equipos adicionales.
- Dos televisores, dos parlantes, un CPU y una tableta.
- Una mochila con treinta herramientas.
- Medidas cautelares y marco legal
En la audiencia de calificación de flagrancia, el Fiscal del caso presentó la versión e identificación de la víctima, los testimonios de los agentes aprehensores, las actas de cadena de custodia y el informe técnico-pericial del automotor.
El Juez de la Unidad Judicial Penal de Quitumbe acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para todos los implicados. La instrucción fiscal se procesará mediante procedimiento ordinario durante un plazo de treinta días.
El caso se juzgará bajo el artículo 189 (inciso segundo, numerales 1 y 2) del Código Orgánico Integral Penal (COIP), tipificado como robo con fuerza ejecutado con armas. De ser hallados culpables, los procesados podrían enfrentar una pena privativa de libertad de cinco a siete años.
