Rebaja en combustibles abre debate sobre su impacto fiscal y el futuro del subsidio en Ecuador
La reducción en el precio de las gasolinas Extra, Ecopaís y del Diésel Premium, dispuesta mediante el Decreto Ejecutivo 444, continúa generando debate sobre su impacto en las finanzas públicas y la sostenibilidad de la medida.
El decreto, firmado por el presidente Daniel Noboa el 9 de julio, incorpora un mecanismo que permitirá disminuir hasta un 1,5 % el precio de los combustibles cuando determinadas condiciones del mercado internacional lo permitan. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno no ha precisado cuánto tiempo permanecerá vigente esta disposición ni cuáles serán los criterios técnicos para finalizar su aplicación.
Desde el Ejecutivo, el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, afirmó que la decisión responde a factores técnicos relacionados con el comportamiento de los mercados internacionales, especialmente por las fluctuaciones derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Según el Gobierno, la medida busca aliviar el impacto económico que han enfrentado los ciudadanos tras varios meses consecutivos de incremento en los precios de los combustibles.
No obstante, especialistas advierten que la reducción también representa un desafío para las finanzas estatales. De acuerdo con cifras oficiales, hasta junio de este año el Estado registró pérdidas superiores a USD 750 millones por la diferencia entre el costo de importación de los derivados y su precio de comercialización en el mercado interno. A ello se suma la compensación económica que el Gobierno continúa entregando al sector del transporte tras la eliminación parcial de los subsidios.
El escenario también es seguido de cerca por el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que ha señalado que Ecuador no cumplió las metas fiscales previstas para 2025 y proyecta que el país deberá generar ingresos adicionales durante este y el próximo año para fortalecer sus cuentas públicas.
Mientras el Gobierno sostiene que la reducción responde a criterios técnicos, el anuncio también ha generado cuestionamientos debido a su proximidad con el proceso de elecciones seccionales previsto para 2026. Entretanto, las autoridades mantienen que la medida busca proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos frente al contexto económico internacional.
