Municipio de Quito sancionará a 57 operadoras de transporte por paralización parcial del servicio
El Municipio de Quito inició procesos sancionatorios contra 57 operadoras de transporte urbano que participaron en la paralización parcial del servicio registrada a inicios de mayo, una medida adoptada por los transportistas para presionar la apertura de una mesa de diálogo sobre la situación económica del sector.
Según informó el secretario de Movilidad, Alex Pérez, las operadoras serán investigadas por haber suspendido de manera unilateral la prestación del servicio público, afectando la movilidad de miles de usuarios en distintos sectores de la capital.
Las autoridades municipales señalaron que los procedimientos se desarrollarán conforme al Código Orgánico Administrativo y contemplan un período de hasta 90 días para la presentación de pruebas y el ejercicio del derecho a la defensa por parte de las empresas involucradas.
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, las sanciones podrían alcanzar hasta ocho salarios básicos unificados, dependiendo de la gravedad de la infracción y de los informes técnicos elaborados sobre lo ocurrido durante la jornada de protesta.
La paralización parcial fue impulsada por los transportistas tras la eliminación del subsidio al diésel, medida que incrementó los costos operativos del sector. Como parte de sus demandas, solicitaron una revisión de la tarifa del transporte urbano para compensar el impacto económico generado por el aumento del precio del combustible.
Posteriormente, las mesas de diálogo entre representantes del gremio y el Municipio permitieron alcanzar varios acuerdos. Entre ellos consta el incremento de la tarifa del pasaje urbano a 40 centavos, medida que entraría en vigencia a partir de enero de 2026, siempre que sea aprobada mediante una ordenanza por el Concejo Metropolitano de Quito.
Además, se prevé la entrega de una compensación económica temporal a los transportistas hasta finales de este año, como mecanismo de apoyo mientras se implementan los cambios tarifarios acordados.
Pese a los acuerdos alcanzados, el Municipio ratificó que las sanciones seguirán su curso, argumentando que la interrupción del servicio público no contó con respaldo legal y ocasionó afectaciones directas a la ciudadanía.
El caso reabre el debate sobre la sostenibilidad financiera del sistema de transporte urbano, el impacto de los costos operativos y la necesidad de garantizar un servicio eficiente para los usuarios de la capital.
